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Empresas del grupo Macri siguen con contratos millonarios de Yacyretá

Con la llegada de Cambiemos al Gobierno, los macristas Humberto Schiavoni y ahora Martín Goerling agarraron el manejo de la Entidad y mantuvieron los beneficios para las empresas cercanas al Presidente.
Durante el gobierno kirchnerista, la constructora IECSA pertenecía al grupo Macri y fue la empresa que más facturó en la Entidad Binacional Yacyretá mediante contratos millonarios para obras en Misiones. Con la llegada de Cambiemos al Gobierno, los macristas Humberto Schiavoni y ahora Martín Goerling agarraron el manejo de la Entidad y mantuvieron los beneficios para las empresas cercanas al Presidente.

Para evitar el conflicto de intereses, el mandatario se desprendió de algunas empresas que estaban a su nombre pero pasaron a manos de familiares y empresarios muy cercanos, con lo cual, las ganancias siguen quedando en los mismos bolsillos.

El caso Yacylec

Varios meses después de asumir como presidente (el conflicto de intereses ya era un hecho) Macri vendió a la empresa Sideco sus acciones en Yacylec, el consorcio que administra la distribución de la electricidad que genera la represa de Yacyretá.

Sideco es una de las empresas del Grupo Macri, lo cual significa que el Presidente se desprendió de sus acciones de Yacylec pero las entregó a otra empresa del consorcio familiar.

¿Cómo se beneficia Yacylec de Yacyretá?

En 1993, Yacylec obtuvo la concesión para construir, operar y mantener la línea de transmisión de 500kV que une la central hidroeléctrica de Yacyretá, en la provincia de Corrientes, con la subestación de Resistencia, en la provincia de Chaco, para suministrar energía a la Red Nacional de Alta Tensión. La empresa inició operaciones comerciales en 1994 y mantiene la concesión por un período de 95 años. Yacylec también realiza servicios de Operación y Mantenimiento para terceros en la subestación Rincón de Santa María.

Por estos trabajos, el grupo Macri tiene un contrato con ganancias millonarias que fue cuidadosamente mantenido por Schiavoni y Goerling, a pesar de ser del mismo partido del Presidente.

Las ganancias o las pérdidas que le generaron los tarifazos a Yacylec en los últimos tres años, son decisión exclusiva de la política energética del primer mandatario.

Fue el ex presidente Carlos Menem el que le adjudicó a una UTE conformada por el holding de la familia Macri y otras corporaciones el trabajo de construcción, operación y mantenimiento el primer tramo del sistema de transmisión asociado a la central de Yacyretá.

El caso IECSA

IECSA fue una de las constructoras más grandes del país y fue la más beneficiada durante mucho tiempo en Misiones con las obras financiadas por la Entidad Binacional Yacyretá. En los años 90, cuando Ramón Puerta era gobernador y el actual senador, Humberto Schiavoni era ministro de Economía, IECSA fue adjudicada para construir la costanera de Posadas.

Con el paso de los años, la empresa del grupo Macri continuó recibiendo contratos millonarios. Incluso después que ganó Cambiemos en 2015, con los macristas Schiavoni y Goerling en la EBY, los contratos se mantuvieron.

Lo que ocurrió, para zafar del conflicto de intereses, es que IECSA dejó de pertenecer al primo de Macri, Ángelo Calcaterra y fue vendida al Grupo Mindlin, un holding empresarial que dirige un amigo personal del Presidente llamado Marcelo Mindlin, dueño también de Pampa Energía y otras. Hay sospechas de que solo fue un cambio de nombre (ahora se llama SACDE) y un traspaso a manos de un testaferro para no recibir denuncias. Con nuevo dueño en los papeles, sigue teniendo a los mismos gerentes que tenía en la administración anterior. En Misiones son los mismos empleados y los mismos equipos. Cambiaron el nombre y todos los contratos de IECSA pasaron a SACDE.

En la actualidad, está construyendo las obras de ampliación de la ruta nacional 12 entre Santa Ana y San Ignacio y el puente sobre el arroyo El Torto (otorgada por adjudicación directa por un monto de $162 millones). También fue beneficiada para la obra de la ruta provincial 8, entre Campo Grande y 25 de Mayo, donde en solo 39 kilómetros se alzó con un monto de unos mil millones de pesos. Esta última obra no es financiada por la EBY.

No es la primera vez que IECSA (ahora SACDE) hizo un puente por contratación directa: cuando se derrumbó el puente sobre el arroyo Acaraguá, en la gestión de Maurice Closs, la obra del nuevo puente por casi 50 millones de pesos también se la dieron sin licitación al primo presidencial.

Antes, IECSA fue adjudicada por Yacyretá para “Obra 340: Obras de nexo internacional: By Pass Arco-Garita, Nodo Vial Garita, Multitrocha Ruta 12 Garita Garupá, Acceso Sur y Tratamiento Costero en Franjas de Transporte Norte y Sur, en Misiones”. Comparte la obra en una UTE con JCR S.A. y el presupuesto inicial tuvo un monto de $420.829.525, que fue varias veces predeterminado. A este contrato se fueron sumando después varias obras por montos millonarios.

Otra obra a su cargo es la pavimentación de la ruta provincial 220, que une los municipios de Puerto Rico con Aristóbulo del Valle. Solo el primer tramo de 6700 metros, en el año 2013 fue presupuestado en 57 millones de pesos. En este caso tampoco financia Yacyretá.

El caso del brazo Aña Cuá

El comité ejecutivo de la EBY (Entidad Binacional Yacyretá) —que conduce el macrista misionero Martín Goerling— tendría en las gateras una polémica medida para dejar al margen de la pelea licitatoria por las obras civiles y la provisión del equipamiento electromecánico al gigante grupo chino Gezhouba.

La maniobra podría complicar la relación con el gobierno de Pekín, que ya viene desgastada desde que Macri suspendió la construcción de las dos centrales nucleares que se habían acordado en 2014.

El portal especializado, Transporte y Energía, publicó que el Gobierno y los empresarios chinos vienen observando un “manejo sesgado que se viene registrando en torno a la licitación internacional de las obras de ampliación del brazo Aña Cuá”.

Gezhouba quedaría excluido de la licitación de Aña Cuá porque tiene contratada para consultoría a la canadiense Stantec-MWH, que a la vez tiene un contrato vigente de asesoramiento y prestación de servicios con la EBY. En la cúpula de la EBY usarían esta situación para argumentar una doble situación de “conflicto de intereses” y de “incompatibilidades profesionales” porque la empresa canadiense tiene acceso a datos y documentación de las obras que podrían beneficiar a Gezhouba a la hora de elaborar las ofertas técnicas y las propuestas económicas.

Pero los directivos del grupo chino cuestionaron que la administración de Martín Goerling (que seguiría instrucciones de Schiavoni) no utilizará la misma vara para medir y evaluar a todas las empresas competidoras que quieren quedarse con los contratos por 600 millones de dólares de las obras y los equipos generadores.

En la misma situación de Gezhuoba-Stantec MWH también estarían otros tres oferentes y, para sospechas de muchos, uno de ellos sería SACDE, la empresa sucesora de IECSA que pertenecía al grupo Macri y la transfirió a su amigo Mindlin.

SACDE tiene firmados contratos de ingeniería con Esin Consultora e Hidroestructuras SA, que a la vez tiene contratos de trabajos y asesoramiento con Yacyretá o está en proceso de firmar. Las sospechas, claramente, apuntan a una intención de sesgar la licitación hacia una dirección, dejando a los chinos afuera.

En el caso de las obras civiles, las empresas que están en carrera son: China International Water & Electric Corp; Salini Impregilo; Supercemento; Techint; Cartellone; Astaldi; –por el momento–Gezhouba Group y, casualmente, SACDE.

Schiavoni, Thomas, Schiavoni y Goerling

Siendo Ramón Puerta gobernador de Misiones y Humberto Schiavoni su ministro de Economía, se le otorgó millonarias obras a IECSA que en ese tiempo pertenecía a Franco Macri. Varios años después pasó a manos de su sobrino Ángelo Calcaterra y hace pocos meses a Marcelo Mindlin.

Schiavoni benefició a IECSA desde su cargo en la provincia y luego, en los años 2002 y 2003, desde la presidencia de la Entidad Binacional. Luego vinieron doce años de presidencia de Oscar Thomas, que le dió continuidad a los contratos iniciados por Schiavoni.

En 2015, con la derrota del kirchnerismo y la llegada del macrismo al poder, Humberto asume su segundo período al frente de la EBY. Dos años después, electo senador nacional, deja el cargo a su pupilo Martín Goerling.

Las empresas del Grupo Macri fueron las principales beneficiadas en todo el paquete de obras que desarrolló la EBY en Misiones. Si el “cuaderno de las coimas” recorre las licitaciones, encontrará a IECSA como la que más dinero facturó en los últimos 25 años.

Fue tanta la participación del Grupo Macri en las obras públicas en Misiones que el actual presidente fijó domicilio en Iporá, la residencia de Puerta, y viajaba seguido a Misiones. “El Grupo Macri también construyó la represa de Uruguaí y se quedó hasta 2004 cobrando 340 mil pesos dólares genere o no energía”, recordó el diputado Roque Gervasoni.

Fuente: Primera Edición

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UNA PAREJA MISIONERA FUE DETENIDA EN MENDOZA CON 27 KILOS DE COCAÍNA

Un camión que salió de Misiones con 27 kilogramos de cocaína ocultos en un tanque de combustible auxiliar, fue interceptado en Mendoza por las autoridades policiales mendocinas y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se supo ayer.

Un camión que salió de Misiones con 27 kilogramos de cocaína ocultos en un tanque de combustible auxiliar, fue interceptado en Mendoza por las autoridades policiales mendocinas y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se supo ayer. El procedimiento fue tras una investigación iniciada hace dos meses y fueron detenidos dos misioneros, un hombre, de 32 años, y una mujer, de 28, además de un chileno que esperaba la carga. En el tanque se halló un segundo receptáculo recubierto con gasoil, contenía cinco bultos con 25 ladrillos de cocaína en el interior, de “piñatas” con un peso total de 27 kilogramos, con postales de las ruinas de Machu Picchu, un mapa de Perú, delfines, y un águila. Estos envoltorios tenían el sello bajo relieve que reflejaba la imagen de las postales. La droga sería proveniente de Perú y sus sellos identifican a importantes carteles de ese país y México. La Policía mendocina indicó que el chileno detenido, conocido como “Pepsi”, tiene importantes contactos con los carteles mexicanos. Se calcula que el valor de lo incautado asciende a unos 27 millones de pesos.

«La Policía mendocina indicó que el chileno detenido, conocido como “Pepsi”, tiene importantes contactos con los carteles mexicanos»

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Créditos Anses: volvieron a extender la moratoria para el pago de las cuotas

Por la pandemia, el organismo suspendió una vez más el cobro de ciertos préstamos. La medida se hizo efectiva a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 2/2020

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volvió a extender la moratoria para el pago de los préstamos otorgados por la entidad a jubilados, pensionados y titulares de beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros. La medida se hizo efectiva a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 2/2020.

En el documento, que lleva la firma del subdirector del Fondo de Garantía Sustentable (FGS) de este organismo, Lisandro Cleri, se estableció que quedará suspendido “el pago de las cuotas para los créditos vigentes por los meses de julio y agosto” de este año.

Según se detalló en el texto, esta decisión se tomó porque la emergencia sanitaria que se declaró en el país producto del coronavirus “dura todo el tiempo que subsisten las causas que la han originado”.

La prórroga alcanza a todas las personas que hayan recibido un préstamo en el marco del Programa “Créditos ANSES”, quienes durante este periodo “no podrán solicitar el otorgamiento” de nuevos beneficios.

Además, se aclaró que para los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF), la suspensión del pago de estas cuotas “dependerá que el menor por el cual se percibe la prestación no alcance durante ese lapso, la edad de 18 años, salvo discapacidad”.

Por otra parte, las autoridades del FGS de la ANSES precisaron que esta moratoria “quedará sujeta a la fecha de vencimiento del beneficio que perciben los titulares de prestación por Invalidez”.

Por último, aquellos que estén incluidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en las Prestaciones No Contributivas de Vejez, Invalidez y Madres de más de Siete Hijos (PNC) o en la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), quedan exceptuados “del límite de edad máxima establecido en las condiciones de acceso a los créditos que se considera para los beneficiarios a la fecha de finalización del pago de los préstamos”.

En diciembre del 2019, a pocos días de la asunción del nuevo Gobierno, la Anses anunció un plazo de gracia para el pago de las cuotas de los meses de enero, febrero y marzo. En ese momento, el objetivo oficial era mejorar los ingresos de bolsillo de ese segmento social, al mismo tiempo que aportar a una recuperación de la demanda agregada para mejorar el consumo y reactivar la economía.

Pero antes de que se volvieran a cobrar los pagos correspondientes de estas prestaciones, llegó la pandemia del coronavirus y en marzo, el objetivo de reactivar el consumo se modificó por el de atender las necesidades más inmediatas.

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Ayuda del Estado para pagar salarios: incluirán a empresas de transporte interurbano de pasajeros

Tras el reclamo de algunas empresas del sector para recibir algún tipo de auxilio por parte del Estado durante la pandemia, el Gobierno confirmó este lunes que el transporte interurbano de pasajeros estará incluido en el programa de asistencia para pagar los salarios de sus empleados.

Mediante la Decisión Administrativa 1183/2020, que se publicó hoy en el Boletín Oficial y lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se anunció la incorporación de los servicios de media distancia al plan denominado ATP.

La ayuda será “para los salarios devengados en mayo y junio del corriente” año, siempre que se trate de empleadoras que demuestren tener este tipo actividad como su principal al 12 de marzo pasado.

De acuerdo con lo que se explicó en el documento, esta iniciativa surgió a partir de un pedido del Ministerio de Transporte que, a su vez, recibió el reclamo de algunas empresas de este rubro que actualmente “no reciben aporte alguno” por parte del Estado.

En este sentido, se detalló que el titular de esa cartera, Mario Meoni, le envió una nota al Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, haciéndole llegar la solicitud de las autoridades de Autotransporte Andesmar S.A. y El Rápido S.R.L. para entrar a ese plan.

Hasta la semana pasada, unas 240.000 empresas se habían anotado en la etapa 3 del ATP, para que el Estado las ayude a pagar parte de los sueldos de sus casi 2,3 millones de trabajadores. Este viernes venció el plazo para presentar las solicitudes correspondientes.

Esos datos trascendieron luego del encuentro de gabinete económico realizado el miércoles pasado por la mañana, en la quinta de Olivos, y de la que participó, por primera vez, el presidente Alberto Fernández.

De aquella reunión participaron el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su vice, Cecilia Todesca Bocco; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, además de los titulares del Banco Central, Miguel Pesce; y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Fuentes oficiales aseguraron en su momento que todas estas firmas estaban sujetas “a la aprobación de los criterios sectoriales y de facturación” antes de poder acceder al beneficio, que en esta nueva fase tuvo cambios para las zonas donde rige el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), es decir, aquellas partes del país en las que la cuarentena se flexibilizó más.

En esos casos, la ayuda se redujo a un máximo de un salario mínimo vital y móvil ($16.875). Sólo se mantuvo en hasta dos salarios mínimos ($33.750) para las áreas donde aún rige el aislamiento (ASPO), como son AMBA y Resistencia, y para los sectores críticos en cualquier lugar de la Argentina.

Además, se redujo el salario máximo para poder pedir la ayuda, de $250.000 a $120.000 brutos. Y se incluyó una nueva condición para acceder al programa: las empresas no podrán aumentar los honorarios de sus directores por 12 meses.

De esta manera, los criterios que el Gobierno tuvo en cuenta para decidir qué empresa podía comenzar a recibir el auxilio del Estado, fueron dos: si el sector es crítico o no, y si en el lugar donde opera todavía rige el aislamiento o ya entró en el distanciamiento.

El programa ATP tiene un presupuesto de 132.500 millones de pesos, de los cuales ya se ejecutaron $87.839 millones, un 66% del total, alcanzando a 2.602.633 de personas.

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